Lo peor de Gallardón no es su posición contra el aborto, sino que sea un hombre el que encabece la ofensiva conservadora para volver a fijar los límites de lo que es o debe ser una mujer, y que parezca dispuesto a usar el monopolio de la violencia del poder del Estado para obligarla a respetarlos.
Como la sobrecarga en lo doméstico, los techos de cristal en el espacio público y las amenazas a la libertad personal o sexual que sufren las mujeres no logran frenar su emancipación, la derecha aprovecha la crisis para agudizar las desigualdades reduciendo las medidas de conciliación en el mercado de trabajo y recortando las políticas sociales.
A nadie se le escapa que la gente sortea la crisis evitando sobrecargas que dificultan su permanencia en el mercado de trabajo y que una de las fórmulas es reducir la descendencia y retrasar su llegada, ni que uno de los métodos más reaccionarios para que las mujeres permanezcan en el hogar es aumentar el tiempo que dedican a la crianza.
Qué mejor forma de lograrlo que incrementar los partos no deseados cuestionando la píldora del día después y la madurez de las mujeres para decidir si quieren culminar sus embarazos. Dice que defiende “la libertad de la maternidad” para no decir que pretende imponer la maternidad sin red de apoyo a todas las embarazadas. Un bonito ejemplo de su forma de quitar derechos aparentando que los defiende.
Los derechos reproductivos de las mujeres son, junto al acceso a la educación y la incorporación al mercado de trabajo, pilares en los que se asienta su autonomía y cuestionarlos desde el Gobierno es un acto de violencia institucional contra ellas y contra la igualdad entre los sexos.
Un ataque a las libertades que sienta un peligroso precedente de sometimiento del Estado a los postulados ideológicos de la jerarquía eclesiástica, que empobrece la democracia y busca criminalizar la libertad que se deriva de la discrepancia, obligando a asumir maternidades y paternidades que no han sido buscadas ni deseadas y devolver (en especial a las mujeres) a unos niveles de inseguridad física y jurídica que creíamos superada.
Estábamos tan acostumbrados a medir la pervivencia de la violencia contra las mujeres a partir del número de asesinatos o denuncias por malos tratos que se producen cada año o, afinando mucho, a partir de las desigualdades en los usos del tiempo, que cuesta creer que la violencia machista que busca limitar las libertades de las mujeres y reducir sus oportunidades proceda del uso “democrático” de las instituciones del Estado.
Los hombres por la igualdad sabemos que no basta con constatar que nuestra presencia en las manifestaciones del 25 de noviembre hace tiempo que ha dejado de ser anecdótica, con saber que los micromachismos son el caldo de cultivo en el que germinan, se desarrollan y se legitiman las desigualdades, ni con llevar con nuestros mensajes a los hombres que Josep-Vicent Marques denominaba varones sensibles y machistas recuperables.
Sabemos que los hombres podemos y debemos oponernos a esta ofensiva contra las libertades en todos los frentes, poniéndole cara a la igualdad compartiendo los cuidados al tiempo que pedimos la igualdad de derechos para asumirlos y que se usen los que tenemos, convencidos de que contribuyen al cambio personal, relaciones más solidarias, paternidades equivalentes y la igualdad de oportunidades ante el mercado de trabajo. También sabemos que podemos contribuir a evitar la mayoría de los embarazos no deseados.
Gallardón, es ese hombre que en tal mal lugar nos deja al resto del colectivo, ese Ministro de Justicia que nos pone tan difícil confiar en una justicia ya muy desacreditada y nos avoca a manifestar nuestra repulsa frente a todas las iniciativas, da igual que tan legales sean, que persigan incrementar las desigualdades por medio de presiones y violencias de intensidad variable tratando de convertir en papel mojado las conquistas hoy reconocidas por las leyes.
José Ángel Lozoya Gómez
Miembro del Foro y de la Red de Hombres por la Igualdad.
